El Posicionamiento de las Organizaciones de Pueblos Indígenas (I)

por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo Veintiuno (18 jun 09)

Con fecha 14 de junio del año en curso apareció publicado el Posicionamiento de organizaciones de Pueblos Indígenas ante la situación nacional. Suscriben este documento una serie de asociaciones, consejos y organizaciones de diversa índole, desde la Fundación Rigoberta Menchú Tum hasta el Consejo Nacional de Artistas Indígenas.

El posicionamiento se compone de tres partes. La primera expresa una crítica tanto a los regímenes de la República desde su fundación, como también a lo que allí se denomina el “fracaso del modelo de Estado” actual. Se sostiene que todos los modelos ensayados (de segregación, de asimilación, integracionista y desarrollista) han fracasado, con dos consecuencias concretas: que las élites políticas y económicas han explotado continuadamente una serie de privilegios y los pueblos indígenas han permanecido en la pobreza, víctimas de la desigualdad y el racismo. Se afirma, además, que la economía de “mercado capitalista” ha representado un peligro para las formas de organización social de dichos pueblos y que los mismos son titulares de derechos históricos y colectivos en materias política, económica, social y cultural.

En la segunda parte se manifiesta preocupación por la ola de asesinatos a todo nivel en el país; que la condición de “servidumbre” de los pueblos indígenas radica en el Estado fallido y ajeno que las élites se empeñan en reproducir y mantener y que el discurso antirracista del Gobierno es, digamos: del diente al labio. Eso se materializa en la falta de aprobación de una serie de iniciativas de ley propuestas por ellos y en que el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, no se asumen, en la realidad, como compromisos de Estado.

En la tercera y última parte, se exige al Estado investigar los asesinatos “a partir de 1954”; se exige que el Estado reconozca que cometió genocidio contra el Pueblo Maya de 1978 a 1984; que no se utilice la coyuntura actual para manipular a la población indígena o para frenar la reforma fiscal; que se implante un modelo de desarrollo económico que respete los “territorios indígenas”, los “derechos sobre los recursos”, la identidad y los valores de los pueblos indígenas y que se inicie una reforma del Estado oligárquico y corporativo a uno verdaderamente democrático y de bien común. Uno en el que se promueva el “derecho a la diferencia” y un régimen de autonomías para dichos pueblos.

Por último —y todo esto es una síntesis— se plantea el lanzamiento de un nuevo régimen en el que tengan verdadera participación en los procesos políticos los pueblos indígenas y del que surja un nuevo tipo de sociedad.

Creo que este tipo de manifiestos no pueden ni deben criticarse como si fueran documentos de índole académica o con pretensiones de rigor científico, porque se trata de posicionamientos más bien políticos. Como tales, están siempre llenos de generalidades y de expresiones más o menos sugestivas, que sean fácilmente reconocibles por el público al que va dirigido y, por supuesto, que levanten polvo. Sin embargo, es innegable que transmiten un mensaje, un conjunto de ideas, visiones y valores y son, por lo tanto, objeto de crítica. Yo me propongo ofrecer una en mi siguiente columna.