Por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (8 jun 09)
Dolorosa indignación ha provocado en los pueblos y organizaciones indígenas la masacre de más de 25 indígenas y más de 80 heridos de bala, varios de ellos niños y adolescentes. El ataque fue perpetrado el pasado 5 de junio, en el norte de Perú, en la Cruz del Diablo, Bagua Chica, en la provincia de Utcubamba, región Amazonas, por fuerzas policíacas del gobierno del presidente, Alan García. Además, el caos provocado por los ataques fue aprovechado por fuerzas de seguridad para detener a un número no determinado de personas que han sido trasladadas de manera ilegal a la base militar “El Milagro”.
Las fuerzas de seguridad, según detectaron los indígenas, lucharon por infiltrarse en el movimiento y no dejaban de recabar y enviar información a sus superiores sobre los movimientos de los líderes y se prepararon durante semanas para desalojar brutalmente a los colectivos que mantenían tomada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, en el marco de una huelga de casi dos meses.
La historia de resistencia indígena vuelve a mostrar la repetición de un patrón común de los Estados formalmente monoculturales y racistas como lo es Perú y la mayoría del continente, cuya institucionalidad niega el pleno ejercicio de los derechos a los pueblos indígenas, especialmente cuando asumen con conocimiento y colectivamente su derecho a decidir por sus vidas, tierras, territorios y recursos. La línea que divide las demandas de los derechos culturales y los derechos por recursos es la que define a los indígenas que serán aceptados y le serán útiles al sistema y a los indígenas rebeldes que deben ser callados.
Los pueblos indígenas de la amazonia peruana han pedido al Estado que les escuche, que les permita ser parte de la redefinición y creación de los marcos legales para que sus demandas y sus formas de vida queden reflejadas y respetadas en los instrumentos legales. Sin embargo, han sido asumidos con profundo eurocentrismo y un colonial racismo que los margina y los ubica como los salvajes, los que viviendo sobre la riqueza natural se niegan y se cierran al desarrollo del mundo global y de los beneficios que ofrece la inversión trasnacional.
Ojalá el Estado peruano permita una amplia discusión del Decreto Legislativo 1090, que provocó esta masacre.
08 junio 2009
Dolorosa indignación
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Irmalicia Velásquez,
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Peru
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