Buscan marco legal para la justicia indígena

Por Lorena Seijo
Prensa Libre (18 dic 06)

La práctica del derecho indígena es una de las más evolucionadas del continente, pero el desconocimiento general de ella y la falta de regulación específica hacen que su legitimidad sea tema de discusión en el país.

En un seminario promovido por la Embajada de Noruega y la fototeca Cirma, se reunieron expertos latinoamericanos en la aplicación de la justicia indígena.

Una de las conclusiones clave del foro fue el desconocimiento de esta práctica milenaria y la necesidad de emprender campañas de sensibilización, sobre todo para los funcionarios del sector justicia.

“La realidad es mucho más profunda que la capacidad analítica que hay en el país”, comentó Guillermo Padilla, analista colombiano que aseguró que la evolución de la justicia indígena en Guatemala está mucho más avanzada que en otros países del continente, pero su regulación es mínima.

La discriminación que han afrontado los pueblos indígenas ha generado también que su nivel de autonomía sea mayor, lo que ha permitido que se desarrolle más el derecho indígena.

“La justicia indígena es algo común para las comunidades, que se ejerce con mucha naturalidad por las autoridades legítimas”, aseguró Amílcar Pop, presidente de la Asociación de Abogados Indígenas.

Opinó que el derecho maya tiene base legal suficiente en la Constitución y el convenio 169 de la OIT para ser aplicado, pero hace falta también voluntad política para su reconocimiento.

“Si hubiera esta voluntad, no haría falta ninguna legislación suplementaria, pero como no la hay, en el foro se determinó que existe la necesidad de una ley marco que proteja estas prácticas”, comentó.

Para Padilla, cualquier regulación que se dé desde el desconocimiento es muy peligrosa. “No se puede regular lo que no se conoce, lo máximo que podrían tener bajo su control instituciones como la CSJ o la CC es la revisión de los casos que puedan suponer violaciones a los derechos humanos o a las garantías individuales”, aseveró.

Según la práctica colombiana, quienes hayan sentido que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en un juicio indígena tienen la posibilidad de acudir a una instancia de la Corte de Constitucionalidad, para que los proteja.

Pero este tipo de coordinación o injerencia no se puede efectuar sin un peritaje cultural. “En Colombia tenemos expertos en peritaje cultural que pueden analizar la vinculación del indígena con su comunidad o la representatividad de las autoridades”, añadió Padilla.

Para Pop, lo más importante es que se establezca un diálogo en igualdad de condiciones entre los representantes de la justicia oficial y la indígena. “El juez de Paz de un municipio puede coordinarse con el alcalde indígena, para evaluar si el infractor se somete a uno u otro sistema”, explicó.

Por ahora, la jurisdicción es voluntaria; es decir, cada individuo puede elegir a qué sistema acude para resolver sus problemas, pero, según Pop, en el futuro deberá ser obligatoria en función del lugar donde se haya cometido el delito o el origen étnico de la persona.

Estas y otras cuestiones serían las que la ley marco debería regular y dejar establecidas.

Precedente: Reconocimiento de sentencia

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2005 decretó que a una persona juzgada por sistema indígena no se le puede volver a juzgar por el occidental, es el primer caso de reconocimiento del derecho maya.

Un hombre que fue acusado por la comunidad de haber robado un vehículo, pero que lo devolvió al ser descubierto, fue sentenciado por el sistema indígena a servicio comunitario y a reconocer su falta públicamente. Como era confeso, la Policía Nacional Civil lo detuvo, y el Ministerio Público pidió ocho años de cárcel para él.

Finalmente fue sentenciado por robo. La Defensa Pública Penal, asesorada por varias organizaciones, pelearon el proceso, y en casación, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que si ya había sido juzgado por un sistema, no podía volver a ser acusado.

Esta resolución sentó un precedente legal sobre la legitimidad del derecho indígena y su coexistencia con el oficial.